Para proponer la conservación, el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica; determinar y dar seguridad física a los espacios con criterios económicos, ambientales, sociales, culturales; y asegurar una gestión integral de las cuencas hidrográficas con enfoque de siempre y cosecha de agua, es apremiante implementar como política del Estado una Ley de Ordenamiento Territorial, proceso político y técnico-administrativo para la toma de decisiones concertadas entre los actores sociales, el Estado y el sector privado, con el fin de evitar la germinación de conflictos y, por el contrario, contribuir al desarrollo sostenible del país. Ese es el núcleo de la propuesta que trascendió en AGROMIN, realizado en Trujillo.